Deuda pública y sus ocultos beneficiarios
Martín Esparza FloresBastaron dos décadas para que la deuda pública del país se disparara de 900 millones de dólares, en 1960, a cerca de 82 mil millones de pesos en 1982. Del llamado desarrollo estabilizador de los años sesenta en que el país creció a un ritmo sostenido del 6 por ciento anual, se pasó en la década de los setenta al gobierno populista de Luis Echeverría y más tarde al sexenio de la desatada corrupción y derroches de José López Portillo, cuando se aseguró que los mexicanos debíamos prepararnos para “administrar la abundancia”, por el descubrimiento de ricos yacimientos petroleros, en la época en que los precios del petróleo se dispararon en los mercados mundiales.
Así, mientras en la década de los cincuenta y principios de los sesenta, en los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, los empréstitos al extranjero se utilizaron para proyectos de desarrollo nacional como infraestructura en carreteras, construcción de presas, impulso a la industria nacional, al agro, así como para el fortalecimiento de paraestatales como Ferrocarriles Nacionales, la CFE, Pemex, y hasta la nacionalización de la industria eléctrica en 1961, a partir del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, se inició, como en la época alemanista, un acatamiento absoluto a los dictados de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que impusieron la canalización de recursos a favor de las importaciones, sobre todo de implementos y productos de firmas norteamericanas.
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